EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE VALENCIA ADMITE A TRÁMITE QUERELLA CRIMINAL POR DELITO DE TORTURAS, EN UN CONTEXTO DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD, COMETIDO POR LA BRIGADA POLÍTICO SOCIAL FRANQUISTA
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, por medio de Auto de fecha 28 de diciembre de 2018, ha admitido a trámite una querella criminal por un delito de torturas cometido en 1971 por diversos policías adscritos a la Brigada Político Social de dicha ciudad, entre los que se encuentran, Jacinto López Acosta, Benjamín Solsona Cortés y Manuel Ballesteros.
El Juzgado, en el referido Auto, acuerda librar oficio al Archivo Histórico Nacional (Centro Documental de Memoria Histórica) para que remita todos los documentos existentes en sus fondos relativos al querellante y, en concreto, los concernientes a su detención como miembro, por aquél entonces, del Partido Comunista de España.
Nos encontramos ante la primera querella criminal, dirigida contra policías de la Brigada Político-Social franquista en el que se imputa un delito de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad, admitida a trámite por un Juzgado del Estado español.
La querella criminal presentada se enmarca en la campaña de presentación de este tipo de acciones penales en todo el Estado español al objeto de denunciar ante los Tribunales españoles los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Ya son un total de 18 querellas las que han sido presentadas en Madrid, Oviedo y Valencia.
En Valencia se han presentado un total de seis querellas criminales impulsadas por la Asociación Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).
La resolución judicial dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia representa un hito importante para revertir la situación de impunidad que, hasta la fecha, mantiene el Estado español en relación con la falta de investigación de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista; política de impunidad que tan duramente ha sido criticada desde diferentes instancias internacionales, entre otras, el Consejo de Derecho de Humanos de las Naciones Unidas.
Aunque tarde, es el momento de que por fin el Estado español reconozca a las víctimas de la dictadura franquista los derechos que les asisten: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La resolución judicial dictada debe animar a que otros Juzgados y Tribunales españoles dicten otras acordes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que, evidentemente, la Fiscalía General del Estado modifique el criterio mantenido hasta la fecha en relación con la tramitación de dichas causas penales, apoyando su investigación y el enjuiciamiento de estos crímenes.
Desde la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina – Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme en el Pais Valencia expresamos nuestro ánimo ante el inicio de esta investigación y expresamos nuestroa decisión de seguir trabajando en esta dirección con el objeto de quebrar la impunidad del franquismo y alcanzar el pleno reconocimiento de las víctimas del franquismo.
Valencia 8 de enero de 2019
