Hace un par de días anunciaba la prensa que Blue Santorini SL, empresa perteneciente a Grupo Vértice, había comprado un edificio entero en el barrio de Saïdia y estaba rescindiendo los contratos de alquiler de los y las vecinas (léase: expulsando de sus casas). A propósito de la noticia, nos parece interesante hacer un repaso por las que han sido, a nuestro entender, las políticas de vivienda más relevantes (o las únicas) en las últimas décadas. Quizá nos ayude a pensar qué podemos hacer cuando grupo inmobiliario puede dejar en la calle a familiar que llevaban hasta veinticinco años viviendo en su hogar.
Este artículo, con pequeñas variaciones, forma parte del texto “Polítiques d’habitatge: la distància entre el discurs i la pràctica” que escribimos para el libro Al cor de la bèstia, publicado por Caliu Editorial.
Un español, un propietario
Para entender el punto en el que se encuentra el discurso actual, en relación al derecho a la vivienda, es importante atender al camino que éste ha sufrido (y no es gratuita la elección de este verbo) en el discurso político y a cómo los Movimientos Sociales siempre han sido los que han elevado su concepción.
La concepción neoliberal del derecho a la vivienda tuvo un importante auge y fue prácticamente incontestada a niveles político-institucionales desde la liberalización del suelo llevada a cabo por el primer gobierno de Aznar[1]. Hay que aceptar que antes de este momento, la única política relativa a garantizar la vivienda era la construcción de Viviendas de Protección Oficial. Política que se impulsó con fuerza en épocas del y con la que se continuó después de la transición, aunque cada vez con menor ímpetu.
Sí, efectivamente la construcción de Viviendas de Protección Oficial fue propulsada en la época de la dictadura, aunque más por una política de control social (un español, un propietario) que por un verdadero compromiso con el acceso a la vivienda de las personas de esa “grande y libre”, claro que los derechos humanos no le importaban nada a este infame señor.
En fin, retomando el tema, podemos afirmar que en un primer momento de “pre-crisis” o de “burbuja inmobiliaria”, el modelo consistió en la liberalización de un derecho (dejar en manos de los mercados) que nuestros dichosos “padres constituyentes” habían decidido fijar en su Carta Magna. Es decir, se dejó conscientemente que el mercado intentara satisfacer el acceso a la vivienda y se intentó hacer creer a la gente que lo haría en condiciones de dignidad humana y de respeto con los derechos humanos. El tiempo nos ha demostrado que o mentían o se equivocaban.
Esta fórmula, aunque parezca absurdo, contó con pocos opositores mientras la burbuja iba llenándose y de ella bebía gran parte de la población. Mientras que en las instituciones eran pocas las voces que se oponían a este modelo, podemos afirmar, asumiendo que la generalización es peligroso en estos casos, que sólo desde el movimiento okupa se había construido una crítica compleja, continua y activa contra un modelo que se entendía especulativo y que no garantizaba el acceso a una vivienda digna a una parte de la sociedad y que, más aún, no lo haría en un futuro con una parte mucho mayor.
V de Vivienda
Fue en estos movimientos sociales, que entonces contaban con escaso apoyo social, menos repercusión mediática y seguramente aún menos prestigio social, donde tuvo mayor cabida el discurso de economía sostenible desarrollado por entonces por grupos como ATTAC[2] u otras organizaciones que generaban pensamiento crítico. Estos grupos señalaron los peligros de la plena desregulación del mercado de la vivienda. Nos dijeron que se trataba de un bien social y necesario para el desarrollo humano y que dejarlo en manos de especuladores que tenían como único interés el enriquecimiento propio no era una buena idea.
Con la aplicación de las tesis neoliberales el precio de la vivienda libre se disparó hasta casi duplicarse de 1998 a 2008. Además, la construcción de VPO se había frenado y ya no representaba una realidad alternativa que pudiera garantizar el acceso a la vivienda a un sector representativo de la sociedad y mucho menos frenar el aumento implacable de los precios.
Ante esta coyuntura, y pocos años antes de estallar definitivamente la crisis, creció la conciencia y la contestación social que pretendía que el derecho a la vivienda digna se desarrollase. Nació V de Vivienda (entre otras iniciativas) y miles de jóvenes empezaron alzar la voz en contra de un modelo que les privaba de disfrutar de un hogar propio. Estas reivindicaciones se integraron generalmente por los llamados mileuristas (a los que hoy algunos llamarían privilegiados). Fue en este momento, y debido a la presión de las calles, cuando los partidos tradicionales de izquierda empezaron a asumir, al menos discursivamente, que la especulación inmobiliaria no puede ser el motor económico de ningún estado. De todas formas, el PSOE, entonces en el gobierno, no varió de forma visible la política de los gobernantes anteriores.
Es entonces cuando estalla la crisis, quedaba claro que el modelo fracasaba. Tanto como modelo económico, como en cuanto a forma de dar cumplimiento al artículo 47 de la CE[3]. A partir de aquí, diversos factores terminan por dar el impulso que hacía falta para impulsar el desarrollo de un discurso político basado en garantizar el derecho a una vivienda digna.
Historia reciente
El surgimiento del 15-M, como no podía ser de otra forma, ayudó sobre todo a niveles reflexivos. Posteriormente (y con sus raíces en lo anterior) la acción de la PAH ha puesto sobre la mesa y como elemento básico del discurso político este derecho. Su lucha ha visibilizado el drama de los desahucios, ha convertido en mediático los efectos del modelo neoliberal del derecho a la vivienda y ha conseguido, a los ojos de una gran parte de la sociedad y de los partidos políticos, denostarlo.
En nuestro país, como efecto de lo anterior, los gobiernos municipales del cambio y, también el de la Generalitat, han adoptado como propio un discurso en el que se entiende la necesidad de intervenir de alguna forma para garantizar el acceso a una vivienda. Ahora bien, a nuestros ojos y pese a que se haya producido un avance muy importante a nivel discursivo, todavía queda camino por hacer.
En próximas entradas te explicamos qué.
[1] La Llei 7/1997 de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i la Llei 6/1998 sobre règim del sòl i valoracions, que venia a completar la primera després de la declaració d’inconstitucionalitat d’algunes de les disposicions de la primera.
[2] El lloguer va descendir d’un 40% als anys 60, a un 15% el 2011.
[3] ATTAC País Valencià es va associar amb ATTAC España l’any 2000.
[4] “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”
