En El Rogle llevamos unos meses, con el apoyo de la asociación Perifèries del Món, trabajando en acompañar, diagnosticar y ofrecer herramientas técnicas al movimiento ciudadano de los CLER. Movimiento que resulta interesantísimo al pretender ser, a la vez, un mecanismo de democracia directa, con capacidad de transformación política a largo plazo, y una red de gestión de crisis y de apoyo mútuo que resulte útil para los vecindarios afectados en el corto plazo.
En estos párrafos intentaremos explicar qué son los CLERS y cómo operan, con idea de acercarlos a las personas que no han tenido contacto con ellos; intentando que sus logros y retos supongan aprendizajes para el resto del tejido social organizado.
El intento de liderar la reconstrucción "desde abajo"
Como es sabido, la DANA del 29 de octubre de 2024 no fue solo un fenómeno meteorológico extremo, sino una crisis de gran alcance que afectó a casi setenta municipios del País Valencià, con cerca de 900.000 habitantes, y golpeó con especial intensidad a la llamada “zona cero”, donde residen 270.365 personas en barrios densamente poblados y urbanizados en áreas inundables sobre todo desde los años sesenta (García, 2024). Se trata de un acontecimiento que entrelaza dimensiones económicas, sociales, políticas, comunitarias y simbólicas, y que exige respuestas integrales.
En ese contexto surgen los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción. Los CLER son iniciativas vecinales que surgieron tras la DANA con la finalidad de garantizar la participación activa de la ciudadanía en las decisiones de las administraciones respecto a la reconstrucción de los municipios afectados. Una reconstrucción que no debería simplemente implicar una vuelta al punto inicial, sino una transformación sistémica que conlleve mejoras en las dinámicas sociales, urbanísticas y territoriales.
Con estos objetivos, desde finales de 2024 se han ido constituyendo CLER en diferentes municipios afectados: Catarroja, Alfafar, Sedaví, Benetússer, Massanassa, València, Paiporta, Albal, Sot de Xera, Algemesí, Aldaia y Pedralba.
Las personas integrantes de estos comités, al ser vecinas de esas localidades y haber vivido en primera persona las consecuencias de la “barrancada”, poseen un conocimiento fundamental para orientar la planificación y ejecución de las actuaciones de reconstrucción. Planificación de la que, según expresan, se las está excluyendo. Al mismo tiempo, ejercen una función de fiscalización institucional, exigiendo transparencia en la gestión de recursos por parte de los ayuntamientos y la Generalitat. Desde un punto de vista crítico que pretende evitar que las decisiones importantes de la reconstrucción se tomen “desde unos pocos despachos en la ciudad de València”.
Actualmente, uno de los principales ejes de actuación de los CLER es la reclamación a las autoridades municipales de la actualización de los planes de emergencia locales, antes de que llegue la temporada de más riesgo de lluvias torrenciales. Resulta llamativa la casi nula respuesta que los ayuntamientos en ese sentido, lo que demuestra que se ha hecho muy poco trabajo de prevención y hace aún más importante, si cabe, la presión de los comités para que se trabaje en este sentido antes de que otra desgracia vuelva a ocurrir.
Apoyo mutuo frente a la desesperanza
Además, los CLER implican la creación de redes solidarias y espacios de escucha colectiva. Buena parte del vecindario de estas zonas vivió episodios verdaderamente traumáticos el 29 de octubre, y el shock shock de los primeros días se transformó en desesperanza al entender que sus pueblos nunca volverían a ser lo que eran y que una tragedia de esta magnitud podría repetirse en cualquier momento. En ese sentido, la implicación de las personas afectadas en la reconstrucción no solo tiene un valor pragmático incalculable, sino que supone una gestión comunitaria del malestar, cosa que impacta positivamente en la salud mental colectiva, y un necesario empoderamiento sobre el futuro de su comunidad y su territorio, con vistas a trabajar por un futuro realmente mejor.
A lo largo de este tiempo, y mientras crecían en número de participantes y objetivos, los CLER han ido mejorando su organización interna. Normalmente, se estructuran en grupos de trabajo temáticos (educación, vivienda, infraestructuras, salud mental, emergencias, medio ambiente…), lo que les permite elaborar diagnósticos y propuestas más precisas; a la vez que favorecen que las distintas personas participen en los temas que más les motivan y en los que más pueden aportar.
Además, los CLER constituyen una red con objetivos políticos más amplios, que los ha llevado a formar parte, por ejemplo, de l’Acord Social Valencià. L’Acord es un espacio que agrupa a entidades diversas vinculadas a las afectaciones de la “barrancada”, y promueve movilizaciones que tienen por objeto hacer presión en contra del Gobierno de Mazón, al que consideran ilegítimo, así como sus presupuestos, firmados con el apoyo de VOX.
Por tanto, los CLER no son solo una respuesta a la emergencia, sino también un ejemplo de cómo la participación ciudadana mejora la calidad democrática, la cohesión social, y la conexión de las personas con el territorio en el que habitan.
Y precisamente por eso, es un gran error que las instituciones públicas, en general, estén marcando distancia y teniendo poco en cuenta a un movimiento como el de los CLER. Cuando se desatienden sus demandas y propuestas, o no se crean los canales adecuados para que los vecindarios participen, no solo se vulneran los derechos de participación ciudadana, sino que también se pierde eficacia en la gestión de la reconstrucción y se desaprovecha la inteligencia colectiva generada por las comunidades afectadas. Una renuncia ética y política que nos impide construir soluciones más justas, inclusivas y duraderas frente algunos de los principales retos que nuestras sociedades van a enfrentar en los próximos años.
