El Rogle
Hace unos días nos topamos con otra de las malas prácticas que utilizan los bancos.
Coordinación con servicios sociales
Una compañera trabajadora social de Catarroja nos envió la carta que la inmobiliaria de un conocido banco, había remitido a los servicios sociales del pueblo. La carta informa la administración que en un inmueble propiedad del banco hay unas personas ocupando sin «título que legitime la posesión». Además, aseguran haberse «visto obligados a emprender acciones judiciales» para recuperarla.
Las estrategias de los bancos
Es mentira. Las personas que viven en la casa son sus antiguos propietarios, demandados en un procedimiento de ejecución hipotecaria que acabó con el traspaso de la propiedad al banco. Mediante un Auto, el juzgado les otorgó un título legítimo para habitar porque decidió que se suspendía el lanzamiento hasta mayo de 2020.
Es decir, tienen aprobada la conocida moratoria, una herramienta que implantó la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, para dar respuesta a la gravísima situación a la que se habían visto abocadas numerosas familias con los desahucios.
De hecho, cuando hablamos por teléfono con la empresa gestora reconocieron que lo sabían, pero que habían enviado una carta así «para llegar a un acuerdo amistoso de entrega del inmueble». ¿Cómo puede ser amistoso, si se trata de atemorizar con mentiras tanto a la administración como a las habitantes?
Perverso e ilegal
La práctica del banco es perversa. Utilizan una falsedad para conseguir la posesión de un inmueble antes del momento en que tienen derecho a hacerlo. Sin pasar por los procedimientos y los tiempos legalmente establecidos que, en este caso, sería la solicitud de restitución de la posesión una vez acabe la moratoria.
Su actuación podría ser constitutiva de un delito del artículo 455 del Código penal que castiga a los que, para conseguir un derecho propio, actúan fuera de la ley y con intimidación.
No debemos tolerar estas prácticas. Son un abuso y atentan contra el derecho a una vivienda digna.