Pero, ¿todavía hay desahucios?

Guillermo Noguera Soler

 

Mitos

“Ya no hay crisis”, “lo peor ya ha pasado”, “estamos en fase de recuperación” y la estelar “ya no hay desahucios” son frases que se oyen a menudo últimamente. Parece ser que tanto los medios de comunicación como orgullosos políticos y analistas consideran que estamos mucho mejor. Uno puede pensar que ya no veremos los dramas ni las miserias humanas, que por fin todos somos felices y podemos volver a disfrutar de nuestro anhelado nivel adquisitivo perdido.

Sin embargo no es verdad que no haya crisis y que no haya desahucios. Parece que el simple hecho de que tengamos mejores noticias que absorber a través de los medios hace desaparecer un problema. Ya poca gente se acuerda, o lo recuerda como algo muy lejano, de las imágenes del drama de los desahuciados, de las plataformas peleando en plena calle con la policía y con las comisiones judiciales para paralizar desahucios, o incluso de los suicidios de deudores, que preferían quitarse la vida antes de verse en la calle.

Pues bien, a pesar del honorable trabajo que muchos siguen llevando a cabo, tanto desde plataformas como desde el ámbito de las administraciones locales, ahora nos encontramos con lo mismo, pero sin cámaras, sin altavoces hacia la sociedad que pongan nombre y apellidos a esas tragedias.

 

Datos

Hablando de datos, la Comunitat Valenciana ostenta el tercer puesto en el ranking de las comunidades autónomas en lo que respecta a lanzamientos en el segundo trimestre del año 2016. Según el informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales» de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, se practicaron durante el citado periodo 2.901 desahucios frente a los 2.681 entre abril y junio del año 2015, con un incremento respecto al año anterior un 8,2%.

Así que sí: sigue habiendo ejecuciones hipotecarias que derivan en desahucios. También sigue habiendo “soluciones mágicas bancarias” por las que entras al banco para que te solucionen la letra de la hipoteca y sales con otra soga al cuello de por vida, y esta vez no sólo para ti, sino también para tus padres a quienes han enganchado como avalistas. El código de buenas prácticas es papel mojado.

De hecho, aquellas entidades con las que ya era de por sí difícil negociar porque no se encontraba un interlocutor válido o simplemente no te hacían caso, parece que hayan aleccionado a sus empleados para que sean más duros, para que negocien como auténticos carroñeros, sin dejar títere con cabeza. Si pueden aumentar ese puntito de prepotencia que siempre les ha caracterizado: adelante, vía libre a la imaginación. Merecen especial mención Banco Popular, Caixa Popular y BANKIA, siempre a la cabeza de este tipo de sutilezas.

 

La realidad de las negociaciones 

Una negociación con estos bancos es como una pelea contra un gigante. Sus directivos, si es que te atienden, son perfectamente conscientes de que la ley les ampara

y si tienen la oportunidad de recordártelo, la aprovechan a la mínima de cambio. “Esto es lo que hay, si no estás de acuerdo, vete al juzgado”, nos recuerdan a menudo. También es curioso cómo se atreven a comparar los problemas del banco con los de la familia afectada: “es que, claro, el banco no se puede permitir perdonar tanta deuda…”. Es de un cinismo insoportable, especialmente cuando sabes que se han estado pagando sólo intereses durante más de diez años, sin amortizar nada.

Y no nos olvidemos de los desahucios por impago de alquiler, tanto en los que los propietarios son particulares como bancos o grandes tenedores. Están multiplicándose cada mes, abriendo un nuevo horizonte en la precariedad humana en lo que respecta al derecho a una vivienda digna. De hecho, en estos casos no existen herramientas jurídicas para paralizar las ejecuciones. Demanda, requerimiento, lanzamiento y en unos cuatro meses en la calle. Además, en ocasiones la situación resulta más grave si cabe, y de doble filo, pues nos encontramos con un propietario que necesita para vivir el dinero de la renta. Todos ellos son problemas que requieren una respuesta urgente.

Tampoco podemos olvidarnos de la pobreza energética. Hace unas semanas la gente se echaba las manos a la cabeza después de la trágica muerte de una anciana en Reus, que había fallecido por el fuego ocasionado por una vela, con la que tenía que alumbrarse y calentarse, pues la compañía eléctrica le había cortado los suministros. Se coparon titulares y entradas en telediarios durante una semana, y políticos, todos consternados, anunciaban medidas de urgencia.

 

Hay desahucios y pobreza energética

Resulta pésimo que tenga que ocurrir un hecho como éste para darle relevancia al problema. Hasta ahora, y como bien manifestaron desde el cuerpo de bomberos de Catalunya, éste no era un caso aislado. Miles de familias se encuentran a diario con cortes de suministros, de agua, luz y gas, que provocan que sus viviendas pierdan la condición de hogar para convertirse en inmuebles que no pueden satisfacer las necesidades mínimas de las familias. Y el invierno ya ha llegado.

Lo más grave es que las exiguas medidas tomadas pasan porque sólo en algunas ocasiones, son los Ayuntamientos los que pagan los recibos, y no de forma ilimitada. En este contexto nos preguntamos dónde podemos encontrar una mínima concesión por parte de las empresas suministradoras, tan favorecidas por la Administración y con un margen de beneficios increíble. Recordemos que en el Estado Español se cobra una de las tarifas de luz más caras de Europa y es donde más se han incrementado los precios últimamente.

Se pagan los recibos con las partidas para servicios sociales, pero las compañías no pierden nada, no ceden en nada. Saben perfectamente que, si no les pagan las familias, ya lo harán los ayuntamientos. Y si no, pues nada, se corta y ya está. Total, luego no sólo tendrán que pagar las deudas, sino la nueva instalación. Negocio redondo.

Se podrá luchar desde las calles, con las plataformas, desde los ayuntamientos, con oficinas locales de vivienda, pero donde habría que acudir para solventar el problema es a la raíz, al sistema corrupto y corrompido, a la ley estatal, la que otorga una serie de beneficios a la banca y a las grandes empresas de suministros, que hacen y deshacen a su antojo, con la vista puesta exclusivamente en su propio beneficio, sin mirar si quiera de reojo a la gente a la que exprimen.

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