El derecho a una vivienda digna, una cuestión europea

Luis Fernández Alonso, sociólogo y jurista de El Rogle

 

El pasado 15 de enero tuvo lugar en Valencia una jornada de presentación de la iniciativa europea Housing for All, organizada por los colectivos pro-vivienda de Valencia Entrebarris y la PAH, y la cooperativa de estudios sociales y jurídicos El Rogle. El acto tuvo una muy buena acogida. Sala completa de vecinos y vecinas con ganas de informarse y de participar en la recogida de firmas.

Las tres entidades, pertenecientes al grupo promotor de la iniciativa en España, hemos organizado una comisión con el fin de dar más visibilidad a la campaña en la ciudad de València. Entrebarris, una red de asambleas de la ciudad que luchan en cada barrio por una ciudad más habitable, y que tiene como eje fundamental el acceso a una vivienda digna, mediante la lucha contra la gentrificación, la turistificación o los desahucios; la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entidad referente que actúa en todo el Estado para hacer frente a los desahucios y por la defensa del derecho a una vivienda digna; y El Rogle Coop. V. que, entre otras materias, trabaja por la defensa del derecho a una vivienda digna.

Tuvimos la oportunidad de asistir a las ponencias de Karin Zauner, portavoz europea de la iniciativa que expuso con detenimiento las cinco demandas al Parlamento Europeo para garantizar el derecho a una vivienda digna en Europa; y de Santiago Mas de Xaxas, miembro de la PAH, que nos mostró la necesidad de incorporar además otras demandas al Gobierno español dada grave la situación de emergencia habitacional.

La situación en el Estado español

 

El acceso a vivienda en España continúa marcado por la vieja política de promover la propiedad y el acceso mediante el endeudamiento de las familias. Este modelo ha resultado un fracaso, excesivamente sensible a los “vaivenes” económicos e insostenible para el conjunto de la sociedad. De hecho, cada vez más personas viven de alquiler y cada vez son más capas de población afectadas por la escasez de vivienda asequible. Esta situación responde a diversos factores, entre los cuales podemos destacar algunos:

  • El precio del alquiler continua al alza en las principales ciudades. En Valencia, ha subido más de un 50% en los últimos años, superando ya valores previos a la crisis. De hecho, En España más de un cuarto de los arrendatarios, que suponen más de 2 millones de ciudadanos, han de hacer un sobreesfuerzo económico para pagar sus viviendas, quedando en verdadero riesgo de exclusión residencial

  • La aparición de plataformas de alquiler turístico continúa interfiriendo en la oferta de viviendas en alquiler. Aunque es complicado saber su alcance, dichos apartamentos, ya suponen al menos tantos como la oferta de vivienda pública y social. Y en algunas zonas de las principales ciudades es particularmente dramático

  • Las políticas públicas en vivienda social se mantienen a la cola de Europa. El gasto público en vivienda ha caído un 60% en los últimos 10 años (2009-2019) y tan solo disponemos de un 2% de vivienda pública y social. Lo que provoca numerosas situaciones de infravivienda y de hogares en absoluta exclusión residencial.

  • Lotes de viviendas están siendo adquiridas por fondos locales y extranjeros de inversión (hogares con familias). Muchas veces con la única intención de “aparcar capital”, especulando con la vivienda y obviando con ello la finalidad social que supone el derecho de propiedad.

 

La necesidad de un marco jurídico y económico europeo

 

Por suerte, en la sociedad civil se vienen observando ciertos cambios en el último año que permiten vislumbrar algunos avances. La idea de que el mercado, por sí solo, puede garantizar de una forma amplia y estable el derecho a vivienda, cada vez tiene menos seguidores. No solo entre la sociedad civil y los movimientos sociales, también algunos gobiernos y entidades locales se muestran cada vez más interesadas en llevar adelante políticas sociales (y a veces transformadoras) en vivienda. Las oficinas antidesahucios son un ejemplo de ello, como también el aumento de las subvenciones públicas para afrontar el coste del alquiler, o la promoción de iniciativas tan necesarias como las cooperativas de vivienda en cesión de uso. No obstante, las medidas son todavía muy tímidas, de alcance local, y la emergencia habitacional es muy grave y con muchas implicaciones globales; por lo que se requieren políticas de gran alcance. Las políticas de acceso a vivienda asequible necesitan importantes inversiones económicas y un planeamiento en el largo plazo, apartado de las miradas cortoplacistas del político “busca votos”, para obtener resultados favorables.

Por ello, aunque las luchas por la vivienda han calado (relativamente, claro) en nuestro territorio, se vuelve necesario ampliar horizonte y acercarlas también a Europa. Necesitamos un marco jurídico y económico favorable en el que se puedan desarrollar las demandas que, desde la sociedad civil y los movimientos sociales se vienen reclamando a los poderes públicos.

Existe un contexto social y político favorable que, precisamente, requiere de este impulso jurídico y económico que persigue Housing for All. Propuestas como mejorar las vías de financiación para promotores y entidades de vivienda pública y social o la regulación de los pisos turísticos y los precios del alquiler, vendrían a articular los mecanismos legales y financieros necesarios para favorecer este cambio de paradigma y paliar de una vez la enorme escasez de vivienda asequible que padecemos en nuestro país.

¡Por una vivienda digna para todas! FIRMA Y DIFUNDE

https://www.housingforall.eu/es/support-the-campaign-and-sign-the-petition-es/

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