El pasado 16 de marzo de 2017, el Ple del Consell del gobierno valenciano aprob\u00f3 el Anteproyecto de Ley por la Funci\u00f3n Social de la Vivienda en la Comunidad Valenciana.<\/p>\n
El art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n dice que el derecho a la propiedad privada estar\u00e1 delimitado por su funci\u00f3n social. Es decir: la propiedad privada est\u00e1 sometida a su utilidad social, al uso que la comunidad hacer de ella en un momento dado. O sea, esa funci\u00f3n social forma parte esencial del derecho a la propiedad privada.<\/p>\n
Hasta ahora, esta funci\u00f3n social ha sido olvidada en beneficio de un concepto neoliberal del derecho a la propiedad privada, seg\u00fan el cual su funci\u00f3n social habr\u00eda de limitarse lo m\u00e1ximo posible o incluso desaparecer, porque se entiende que restringe el derecho a la propiedad privada, no que forma parte indisoluble.<\/p>\n
Por eso es importante que aparezca una ley que lo desarrolle como derecho subjetivo y avance en la consolidaci\u00f3n de la funci\u00f3n social de la propiedad privada, como establece la Constituci\u00f3n. Si se aprueba, no ser\u00e1 la primera ley del estado de estas caracter\u00edsticas. Andaluc\u00eda, Euskadi y Catalunya ya regulan la funci\u00f3n social de la vivienda con medidas similares a las que plantea el gobierno valenciano.<\/p>\n
Su aspecto m\u00e1s importante, porque es el m\u00e1s avanzado en la protecci\u00f3n de derechos sociales, es que reconoce que el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada es un derecho subjetivo. Es decir, un derecho que puede exigirse directamente al poder p\u00fablico porque as\u00ed lo reconoce claramente una ley.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n analizamos algunas de las previsiones de la ley.<\/p>\n
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El fomento del alquiler asequible en casos de desahucio<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n La ley asienta la obligaci\u00f3n del banco que resulte adjudicatario de ofrecer un alquiler con opci\u00f3n a compra al anterior propietario, como alternativa al lanzamiento en un procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria (conocido coloquialmente como \u201cdesahucio\u201d).<\/span><\/p>\n Se establece una forma de c\u00e1lculo de la renta que los nuevos inquilinos tendr\u00e1n que pagar y la obligaci\u00f3n de la Generalitat de asumir el pago durante los tres primeros a\u00f1os. Ahora bien, los arrendatarios tendr\u00e1n que abonar una parte a la Generalitat (que no podr\u00e1 superar nunca el 25% de ingresos de la unidad familiar).<\/p>\n Si tomamos como referencia un inmueble con un valor de tasaci\u00f3n de 100.000 euros, la cantidad que los arrendatarios tendr\u00edan que pagar durante los tres primeros a\u00f1os oscilar\u00eda entre los 50 y los 100 euros.<\/p>\n La declaraci\u00f3n de vivienda deshabitada<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n Una de las novedades de la norma, si se aprueba, ser\u00e1 que se podr\u00e1 declarar una vivienda como deshabitada y obligar a la propietaria a darle un uso habitacional efectivo en el plazo de seis meses.<\/p>\n S\u00f3lo las viviendas de los grandes tenedores podr\u00e1n ser declaradas deshabitadas. La ley entiende que los grandes tenedores son las personas f\u00edsicas o empresas de construcci\u00f3n, promoci\u00f3n o financiaci\u00f3n de la vivienda que acumulan m\u00e1s de 10 viviendas en propiedad, alquiler o usufructo y que, a su vez, no est\u00e9n destin\u00e1ndolas a la venta o en alquiler.<\/p>\n Aunque es buena idea, el resultado tiene puntos d\u00e9biles. Por un lado, la lentitud del procedimiento administrativo que llegue a declarar la situaci\u00f3n de deshabitada: podr\u00e1 durar hasta un a\u00f1o. Por otra parte, habr\u00e1 que ver la viabilidad, dado que no contar\u00e1n a efectos de considerar \"grandes tenedores\" las viviendas que est\u00e9n puestas a la venta o al alquiler.<\/span><\/p>\n La expropiaci\u00f3n del usufructo a los grandes propietarios<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n \u00c9sta ha sido la medida m\u00e1s comentada de la ley porque contiene la palabra expropiaci\u00f3n y los defensores del concepto neoliberal de la propiedad privada de los que habl\u00e1bamos antes han puesto el grito en el cielo. Pero, \u00bfqu\u00e9 se expropia exactamente?<\/p>\n Hay que dejar claro que se expropiar\u00e1 por un tiempo m\u00e1zimo de tres a\u00f1os el derecho de usufructo, es decir, el derecho a usar una vivienda. As\u00ed que el derecho a la propiedad (el que permite venderlo o ponerlo en alquiler o dejarle en herencia) queda inc\u00f3lume: sigue siendo del banco.<\/p>\n La Generalitat tendr\u00e1 entonces que expropiar el derecho de uso de la vivienda para ponerlo a disposici\u00f3n de las personas o familias en circunstancias de exclusi\u00f3n o emergencia social. Estas personas quedar\u00e1n obligadas a pagar a la administraci\u00f3n una cantidad (que tampoco podr\u00e1 ser superior al 25% de los ingresos anuales de la unidad familiar, y en algunos casos podr\u00e1 eximirse) en concepto de contribuci\u00f3n al pago del justiprecio, que es la indemnizaci\u00f3n que recibe la persona o entidad a cambio de la expropiaci\u00f3n.<\/p>\n Otras medidas<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n Ayudas para el alquiler: se prev\u00e9 la constituci\u00f3n de un sistema de ayudas al alquiler de forma que su coste no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Para las personas en riesgo de exclusi\u00f3n social \u201cresidencial\u201d.<\/p>\n<\/li>\n Ayudas contra la pobreza energ\u00e9tica: la ley considera los suministros b\u00e1sicos (agua, gas y electricidad) como un componente inseparable del derecho a la vivienda. De acuerdo con eso, aunque se formula como una posibilidad y no como una obligaci\u00f3n, el proyecto abre la puerta a pactos entre el gobierno y las compa\u00f1\u00edas suministradoras para que \u00e9stas concedan ayudas a fondo perdido o a precios muy bajos a las familias en riesgo de exclusi\u00f3n residencial.<\/p>\n<\/li>\n Alquiler solidario de pisos que necesitan una rehabilitaci\u00f3n: a modo de posibilidad de iniciativa (o sea, de forma muy vaga) se prev\u00e9 que la Generalitat puede establecer programas de alquiler solidario. Est\u00e1 pensado para propietarios con viviendas para rehabilitar que no puedan asumir el gasto y para potenciales inquilinos con la capacidad de rehabilitar y mantener en buen estado el inmueble. La contraprestaci\u00f3n ser\u00eda un alquiler bajo y el mantenimiento de la vivienda.<\/p>\n<\/li>\n Servicio de mediaci\u00f3n: se prev\u00e9 expresamente la mediaci\u00f3n en casos de ejecuci\u00f3n hipotecaria o \u201cpara un proceso de arrendamiento urbano\u201d. Aunque es buena idea, el proyecto de ley usa err\u00f3neamente el t\u00e9rmino \u201cmediaci\u00f3n\u201d. Si como ser\u00eda l\u00f3gico, las dos partes implicadas son el deudor y la entidad bancaria, tendr\u00edamos que hablar de intermediaci\u00f3n y no de mediaci\u00f3n, dada la desigualdad de poder que hay entre unos y otros.<\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n <\/p>\n Creemos que la regulaci\u00f3n del derecho a la vivienda es un motivo de felicitaci\u00f3n. Pero no solamente eso, sino tambi\u00e9n la constataci\u00f3n de la irresponsabilidad con la que, hasta ahora, nuestros representantes pol\u00edticos han tratado el art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n (tan venerada por algunos, por cierto). Ya era hora de que el legislador de este Pa\u00eds diese un paso adelante regulando con cierta valent\u00eda, sobre una competencia que, recordemos, asumi\u00f3 de forma exclusiva en el Estatut (sin \u00e1nimo de quitarle ni un \u00e1pice de responsabilidad al legislador estatal).<\/p>\n Este anteproyecto contempla medidas muy interesantes en garant\u00eda y cumplimiento, del mandato constitucional. A partir de ahora el Derecho a una vivienda digna, en el Pa\u00eds Valenci\u00e0, no ser\u00e1 un brindis al sol. Ser\u00e1 un derecho subjetivo, exigible por tanto ante las administraciones y ante los tribunales.\u00a0<\/span>paper mullat<\/span>.\u00a0Ser\u00e0 un dret subjectiu, exigible per aix\u00f2 davant l\u2019Administraci\u00f3 i els tribunals.<\/span><\/p>\n Si procuramos realizar un an\u00e1lisis jur\u00eddico, lo m\u00e1s relevante de este anteproyecto es la consideraci\u00f3n que se le da a la funci\u00f3n social de la propiedad privada, porque deja de considerarse como un l\u00edmite a un derecho para entenderse como un elemento esencial de la propiedad privada. Por tanto, constitucionalmente no puede entenderse la propiedad sin su funci\u00f3n social. Es decir: la propiedad privada, si no respeta esa funci\u00f3n, no tendr\u00e1 que tener la consideraci\u00f3n de derecho constitucional.<\/p>\n A partir de ah\u00ed, las aplicaciones de esta interpretaci\u00f3n en los tribunales depender\u00e1 de los propios jueces, pero lo que es seguro es que dispondremos de nuevas armas para defender el derecho a una vivienda digna.<\/p>\n Pensemos, por ejemplo, en okupaciones de viviendas con las que se est\u00e1 especulando. Si antes el choque se produc\u00eda entre dos derechos constitucionales de diferente entidad: propiedad privada (de segunda generaci\u00f3n y por tanto, seg\u00fan la teor\u00eda constitucionalista, subjetivo) y derecho a la vivienda (de tercera generaci\u00f3n y m\u00e1s program\u00e1tico que otra cosa) y deb\u00edamos acudir a otras f\u00f3rmulas para bajar la pena o luchar el procedimiento; ahora, al clarificar la importancia de la funci\u00f3n social en la propiedad privada, el conflicto entre derechos dejar\u00e1 de estar tan claro puesto que el disponer de una vivienda digna forma parte de esa funci\u00f3n social.<\/p>\n Ahora bien, es importante que aportemos algunas dosis de pragmatismo pues podr\u00eda parecer que somos demasiado optimistas en cuanto a las posibles aplicaciones de la interpretaci\u00f3n arriba explicada. Lo cierto es que, aunque se le est\u00e9 dando la consideraci\u00f3n de derecho subjetivo y la funci\u00f3n social sea parte esencial del art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n, con esta futura norma no se va a garantizar el acceso a la vivienda de todos los valencianos, ni se va a cumplir con las exigencias de dignidad en el cumplimiento del derecho. No. Si bien se genera (si el Tribunal Constitucional no lo impide) un buen caldo de cultivo para avanzar hacia su cumplimiento, y se generan herramientas e interpretaciones que podr\u00edan llegar a ser eficaces. Lo cierto es que no debemos pensar, que a partir de la entrada en vigor de la normativa, podremos entrar en las oficinas de la Generalitat esgrimiendo la progresista ley por la funci\u00f3n social de la vivienda y saldremos de estas con techo. No, porque ni las leyes cambian de forma tan inmediata la realidad, ni \u00e9sta en concreto es tan progresista .<\/p>\n En primer lugar es bastante llamativa la imprecisi\u00f3n t\u00e9cnica en la elaboraci\u00f3n de algunos de los art\u00edculos. Algunos muy relevantes como el art\u00edculo 2, en el que se describe qui\u00e9nes est\u00e1n en situaci\u00f3n de \u201cexclusi\u00f3n o emergencia social\u201d y, por tanto, pueden acogerse a las medidas de la ley. Durante toda la redacci\u00f3n del cuerpo legal y del pre\u00e1mbulo parece que se pretende proteger a las personas en riesgo de exclusi\u00f3n que podr\u00edan ver vulnerado su derecho a una vivienda digna. Pero no es lo que se da a entender en el art\u00edculo referid. Curiosamente, parece que s\u00f3lo d\u00e9 protecci\u00f3n a los desahuciados a causa de un procedimiento hipotecario. Pero, \u00bfqu\u00e9 pasa con los inquilinos que se enfrenten a un posible desahucio por impago de las rentas de alquiler?<\/p>\n Tambi\u00e9n en el art\u00edculo 2 se establecen los requisitos para ser sujeto pasivo de esta norma: se establece una \u00fanica cantidad (1,5 veces IPREM, es decir, 11.182,71 euros) como ingresos m\u00e1ximos para todo el mundo. Al ejecutivo valenciano se le ha olvidado que existen familias de varios miembros, de uno, con menores, con gente con necesidades especiales\u2026 De manera que un \u00fanico l\u00edmite de ingresos para todos, sea cual sea su circunstancia, incumple claramente con las m\u00ednimas exigencias de rigor social que toda norma debe cumplir.<\/p>\n No son estos los \u00fanicos ejemplos que podr\u00edamos encontrar en cuanto a la deficiencia t\u00e9cnica del anteproyecto. Son quiz\u00e1 los m\u00e1s significativos, o al menos para nosotros, y no son ni mucho menos insubsanables. Pero el tr\u00e1mite parlamentario debe corregir esto para crear una ley seria y evitar riesgos innecesarios (por ejemplo, el riesgo que supone el Tribunal Constitucional).<\/p>\n Tambi\u00e9n ser\u00eda conveniente cuestionarnos la medida estrella, sobre todo porque ha sido suspendida hasta que la normativa estatal del mismo \u00e1mbito, que es mucho menos contundente, deje de aplicarse, lo que deber\u00eda ocurrir en mayo de 2017 si el gobierno de turno no lo evita.<\/span>.<\/span><\/p>\n Se trata de la expropiaci\u00f3n de las viviendas de los grandes tenedores (de inmuebles) que no cumplan con la ley. As\u00ed anunciado queda muy progresista y muy justificado jur\u00eddicamente: si no cumples por las buenas con un derecho constitucional A (recordemos: funci\u00f3n social de la propiedad privada), ni con un derecho constitucional y subjetivo B (derecho a la vivienda), la Administraci\u00f3n dar\u00e1 cumplimiento de los mismos.<\/p>\n Fins ac\u00ed tot sona b\u00e9, per\u00f2 farem unes precisions al que acabem d\u2019assenyalar. Ning\u00fa pret\u00e9n expropiar cap vivenda. El que es pret\u00e9n expropiar \u00e9s el seu usdefruit, \u00e9s a dir, el dret a usar-la. I nom\u00e9s durant tres anys. Aix\u00ed l\u2019Administraci\u00f3 s\u2019assegurar\u00e0 que les vivendes que els grans propietaris mantenien deshabitades servisquen per a donar aixopluc a fam\u00edlies amb dicultats. A canvi, aix\u00f2 s\u00ed, d\u2019un preu just que es correspondr\u00e0 m\u00e9s o menys amb el que hauria ingressat el gran propietari en concepte de lloguer.<\/span><\/p>\n As\u00ed que en conclusi\u00f3n: el banco incumple dos derechos de m\u00e1ximo rango y la Administraci\u00f3n, en vez de expropiarle la propiedad de la vivienda y hacer que pase a engrosar el parque p\u00fablico de vivienda, se queda con el usufructo temporal y gestiona el alquiler de la entidad incumplidora. Creemos que puede ser m\u00e1s exigente con la defensa de los derechos de las personas.<\/p>\n Es cierto que esta falta de contundencia puede ser compensada por la imposici\u00f3n de multas que pueden llegar a ser muy elevadas (hasta 30.000 euros), y m\u00e1s si nos situamos en nuestro contexto socio-pol\u00edtico, ya que el liberalismo econ\u00f3mico muchas veces da la impresi\u00f3n de ser incuestionable.<\/p>\n Es un claro motivo de felicitaci\u00f3n la incorporaci\u00f3n de un art\u00edculo mediante el cual se pretende paliar la pobreza energ\u00e9tica. Es un logro que el art\u00edculo involucre directamente a las empresas suministradoras, que la administraci\u00f3n \u201cgarantice\u201d el derecho a los suministros\u2026 pero dichas garant\u00edas no bastan. Se necesita desarrollo reglamentario, pues sin \u00e9ste el art\u00edculo analizado no es m\u00e1s que una declaraci\u00f3n de principios. \u00a1La Generalitat no quiere que haya pobreza energ\u00e9tica en el Pa\u00eds Valenciano! Todos de acuerdo (o muchos, al menos). Esperamos que se ataque en serio esta lacra.<\/p>\n Merece menci\u00f3n especial, como cont\u00e1bamos antes, la definici\u00f3n que la norma hace del \u201cgran tenedor\u201d. El art\u00edculo 16 es, tambi\u00e9n, poco claro y abierto a diferentes interpretaciones. Pero si efectuamos una interpretaci\u00f3n literal parece que se nos est\u00e1 diciendo que tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de \u201cgran tenedor\u201d, y por tanto ser\u00e1n sujetos susceptibles a que se les apliquen sanciones y expropiaciones, a quienes tengan m\u00e1s de diez viviendas no destinadas a vivienda. Esto no supondr\u00e1 ning\u00fan problema si pensamos en bancos. Pero, \u00bfqu\u00e9 pasa con entidades m\u00e1s peque\u00f1as, o personas f\u00edsicas con muchas propiedades? \u00bfQu\u00e9 pasar\u00e1 con quien efectivamente las tenga en venta o propuestas para alquilar pero a precios muy altos? \u00bfO con quien tenga treinta inmuebles y solo nueve de \u00e9stos los utilice para especular? Preguntas a las que solo nuestro legislador podr\u00e1 dar respuesta en los pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n <\/p>\n Ya hemos dicho que otras comunidades aut\u00f3nomas han legislado en t\u00e9rminos similares. El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la norma andaluza. El Tribunal Constitucional se pronunci\u00f3 s\u00f3lo sobre los motivos del recurso fundamentados en cuestiones competenciales porque el Decreto-Ley fue derogado antes de que el TC dictara sentencia. Actualmente, la Ley que substituy\u00f3 al Decreto-Ley est\u00e1 en suspensi\u00f3n porque tambi\u00e9n ha sido objeto recurso, as\u00ed que la cuesti\u00f3n sigue abierta.<\/span><\/p>\n De tota manera, la sent\u00e8ncia del TC ens pot donar unes pistes sobre qu\u00e8 ocorrer\u00e0 amb el segon recurs i amb un eventual tercer recurs que es plantege a prop\u00f2sit de la llei valenciana.<\/p>\n Resulta que el tribunal decide la inconstitucionalidad de tres art\u00edculos de la norma andaluza: el que clarifica que forma parte de la propiedad privada el deber a destinar el bien de forma efectiva a su uso habitacional, el que prev\u00e9 sanciones cuando no se destine a ese uso y el que establece que estas medidas s\u00f3lo se aplicar\u00e1n a los bienes propiedad de personas jur\u00eddicas (o sea, bancos, inmobiliarias, etc).<\/p>\n Los motivos son dignos de an\u00e1lisis.<\/p>\n Para empezar, hay que recordar que la norma andaluza de vivienda precisa que el \u00fanico uso posible de las viviendas deshabitadas propiedad de grandes tenedores es el habitacional. Pues bien, la sentencia considera que eso supone una injerencia en el derecho a la propiedad y, por tanto, est\u00e1 vedad al Decreto-Ley. Podemos estar tranquilas: en principio, este obst\u00e1culo no lo tendr\u00edan les Corts porque la propuesta es de Ley, un tipo de norma que s\u00ed que puede tratar los derechos y libertades del T\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n Ahora bien, el parlamento valenciano tendr\u00e1 que salvar a\u00fan otro obst\u00e1culo m\u00e1s complejo: el del otro motivo de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional. A su parecer, como el Estado ya hab\u00eda previsto la suspensi\u00f3n de los lanzamientos durante cuatro a\u00f1os y la creaci\u00f3n de un parque de viviendas sociales, las comunidades aut\u00f3nomas ya no pueden a\u00f1adir ninguna otra idea para proteger a los deudores. Eso, dice, supondr\u00eda desequilibrar las l\u00edneas econ\u00f3micas estrat\u00e9gicas marcadas por el estado e iguales para todo el territorio. Dicho en palabras de la Constituci\u00f3n: supondr\u00eda invadir la competencia exclusiva estatal de aprobar las normas que dise\u00f1an la \u201cplanificaci\u00f3n general de la actividad econ\u00f3mica\u201d. No podemos estar de acuerdo con esta decisi\u00f3n. En la pr\u00e1ctica supone vaciar la competencia de las autonom\u00edas, tambi\u00e9n otorgada constitucionalmente, de legislar sobre vivienda. El tribunal contraargumenta que siempre les quedar\u00e1n las medidas de fomento. Pero \u00e9sas son las que casi siempre se quedan como formulaciones vagas y eternos aplazamientos de las promesas.<\/p>\n La raz\u00f3n que esgrime el TC, eso de decir que las previsiones auton\u00f3micas son incompatibles con las estatales, es muy pobre. S\u00f3lo har\u00eda falta pensar en las medidas como complementarias, como a\u00f1adidas las unas a las otras para reforzar la protecci\u00f3n del derecho a una vivienda digna, y no como incompatibles. Que no sea as\u00ed da una idea de lo que m\u00e1s lamentamos de la sentencia: el tono neoliberal que rezuma toda la argumentaci\u00f3n. No es que seamos ingenuas, sabemos que el tribunal no es el agente transformador de la sociedad, pero eso no quita que esper\u00e1ramos una interpretaci\u00f3n dentro del esquema que ofrece la Constituci\u00f3n m\u00e1s atrevida y comprometida con la defensa de la funci\u00f3n social de la propiedad privada y con su influencia en el derecho a la vivienda.<\/span><\/p>\n <\/p>\n En conclusi\u00f3n: estamos ante un proyecto de ley que pretende iniciar un camino, el de garantizar este derecho, que hasta la fecha no era m\u00e1s que una declaraci\u00f3n de intenciones recogida, eso s\u00ed, entre las p\u00e1ginas de nuestra ya polvorienta Carta Magna. No cabe duda que es una buena noticia que diferentes Comunidades, a lo largo y ancho del Estado, hayan decidido darle contenido material al citado art\u00edculo constitucional.<\/p>\n En lo que respecta a la propuesta valenciana, la ley que est\u00e1 promoviendo la Generalitat, tiene luces y sombras, como ya hemos ido se\u00f1alando a lo largo del texto. La funci\u00f3n social de la propiedad; declaraci\u00f3n de la exigibilidad del derecho, las sanciones a quienes no respeten el uso habitacional que una vivienda debe tener (por fin se ataca directamente a la especulaci\u00f3n), la lucha contra la pobreza energ\u00e9tica (aunque m\u00e1s como principio que como actuaci\u00f3n concreta), la posibilidad futura de stablecer precios m\u00e1ximos al alquiler; son sus luces. Sus sombras son la suspensi\u00f3n de las medidas m\u00e1s interesantes (fundamentalmente, la expropiaci\u00f3n del usufructo), cierta deficiencia t\u00e9cnica en el articulado (subsanable) y la falta de contundencia y de concreci\u00f3n, entre otras cosas.<\/p>\n As\u00ed que, aunque sin duda cabe felicitarse por este paso dado, debemos ser realistas y exigir m\u00e1s. Nuestras pretensiones no tienen que terminar hasta que el derecho a una vivienda digna sea reconocido a cada uno de nosotras, con la posibilidad f\u00e1ctica de ejercitarlo. Ahora bien, una vez se apruebe la normativa en les Corts, seguramente la ley tenga que enfrentarse a un an\u00e1lisis del Tribunal Constitucional, porque alg\u00fan defensor del neoliberalismo y representante pol\u00edtico de todos nosotros, lo elevar\u00e1 a esta instancia.\n\nY es ahora donde debemos hacernos la pregunta principal: \u00bfpuede legislarse desde una perspectiva no netamente neoliberal? \u00bfPuede situar nuestro legislador, supuesto representante de la soberan\u00eda nacional, la defensa de los derechos humanos por delante del beneficio mercantil? Es decir, \u00bfes la vivienda un objeto valioso porque permite a los individuos desarrollar su vida o lo es por su valor econ\u00f3mico?<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El passat 16 de mar\u00e7 de 2017, el Ple del Consell del govern valenci\u00e0 va aprovar l\u2019Avantprojecte de Llei per la Funci\u00f3 Social de l\u2019habitatge a la Comunitat Valenciana. 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BREVE CR\u00cdTICA A LA PROPUESTA DE ANTEPROYECTO: BONDADES, L\u00cdMITES Y DEFICIENCIAS<\/strong><\/h4>\n
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PRECEDENTES EN OTROS TERRITORIOS<\/strong><\/h4>\n
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EN DEFINITIVA<\/strong><\/h4>\n