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<\/p>\nEl art\u00edculo 25 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la vivienda como parte del derecho a un nivel de vida adecuado que aseguro la salud y el bienestar para uno\/a mismo\/a y su familia. A su vez, la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola tambi\u00e9n lo hace en el art\u00edculo 47 y, de hecho, cuando presenta el derecho a la propiedad privada la vincula con la funci\u00f3n social que le corresponda (en este caso, una vivienda tiene que ser un lugar donde residir). En otras palabras, todo el mundo tendr\u00eda que tener garantizado el acceso y el mantenimiento de un hogar digno donde resguardarse y desarrollar su trayectoria vital, y nadie tendr\u00eda que poder especular con la disponibilidad de este derecho b\u00e1sico como si ese lucro individual no tuviera ninguna repercusi\u00f3n colectiva.<\/p>\n
Aun as\u00ed, el margen de interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico ha sido aprovechado por algunas corporaciones dedicadas a acumular viviendas y moverlas o congelarlas en el mercado financiero a conveniencia propia. As\u00ed, en los \u00faltimos a\u00f1os, la sofisticaci\u00f3n de esta pr\u00e1ctica ha beneficiado enormemente empresas privadas como los bancos, los fondos buitres y las plataformas de alquiler vacacional, que van marchitando casas y personas sin miramiento.<\/p>\n
Parec\u00eda que este operativo s\u00f3lo afectaba gente que ya viv\u00eda en situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n social, que ten\u00eda una incidencia marginal. Las estad\u00edsticas, sin embargo, manifiestan que se trata de un entramado financiero que perjudica el conjunto de la sociedad. Ahora bien, \u00bfcu\u00e1l es el relato de los medios de comunicaci\u00f3n y de las entidades involucradas al respeto? \u00bfY cu\u00e1les pueden ser las consecuencias si la ciudadan\u00eda legitima ese discurso? Para responder estas preguntas revisaremos la trayectoria reciente del negocio inmobiliario.<\/p>\n
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Durante la primera d\u00e9cada del siglo XXI, en el estado espa\u00f1ol se construy\u00f3 una media de 707.000 viviendas nuevas en el a\u00f1o, con un aumento de los precios de compra de entre el 10 y el 15%. Para acceder, se ped\u00edan pr\u00e9stamos hipotecarios y los bancos los conced\u00edan a la ligera con cl\u00e1usulas abusivas encubiertas. El impacto ambiental por la expansi\u00f3n urbana y la gentrificaci\u00f3n que se derivan son, o no, harina de otro costal.<\/p>\n
Ese modelo econ\u00f3mico provoc\u00f3 una burbuja que al estallar aboc\u00f3 a muchas familias a la calle e, incluso, a algunas personas al suicidio por la desesperaci\u00f3n de tener que abandonar v\u00ednculos y hogar y no encontrar<\/p>\n
tampoco ninguna alternativa habitacional. En el 2014, en el partido judicial de Alcoy que incluye a los pueblos del Alcoyano y el Comtat, 45 familias fueron desahuciadas por no poder encarar el pago de la hipoteca y 52 por el alquiler (un desahucio cada cuatro d\u00edas). En Valencia capital, 633 y 1044 respectivamente (m\u00e1s de cuatro desahucios cada d\u00eda). En comparaci\u00f3n con la d\u00e9cada anterior, el \u00edndice de expulsiones forzosas por alquiler se mantuvo mientras que aument\u00f3 el n\u00famero de desahucios de clases medias propietarias. Hipotecarse hab\u00eda dejado de ser una garant\u00eda de estabilidad.<\/p>\n
Adem\u00e1s del trauma social por la violencia con que se ejecutaban las expulsiones, se dio otro efecto colateral. Se orquest\u00f3 un trasvase del patrimonio inmobiliario hacia las entidades financieras. Consecuentemente, el alquiler se convirti\u00f3 en una alternativa a considerar. Sin embargo, desde 2015 los precios del alquiler han subido borde el 50% en la provincia de Val\u00e8ncia y el 36% en la de Alacant, hecho que no se ha acompa\u00f1ado de mejoras salariales sino m\u00e1s bien de la precarizaci\u00f3n generalizada del mercado laboral. Por todo ello, el 2019 fueron expulsadas 113 familias al partido judicial de Alcoi y 1133 en la ciudad de Val\u00e8ncia, la mayor\u00eda de las cuales eran inquilinas.<\/p>\n
As\u00ed las cosas, el derecho a la vivienda es todav\u00eda un drama cotidiano y, por supuesto, la crisis de la COVID-19 lo empeora todo. Las exigencias y las trabas clasistas y xen\u00f3fobas de las inmobiliarias para que te acepten como inquilino\/na, la perversi\u00f3n de las ayudas al alquiler que aunque bienintencionadas contribuyen a la subida de los precios, la pesada gincana burocr\u00e1tica para cada tramitaci\u00f3n, etc. son condicionantes de gravedad para varios grupos poblacionales, como por ejemplo las personas migradas con la esperanza malograda de conseguir un trabajo digno, las mujeres con crianza o personas dependientes a su cargo, y tambi\u00e9n para la juventud que cada vez aplaza m\u00e1s el momento de emanciparse. Qui\u00e9n puede recibe ayuda de los progenitores, hereda la casa de alg\u00fan pariente o comparte piso perennemente.<\/p>\n
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Aun as\u00ed, hay quienes no tiene esos recursos y, ante la imposibilidad de encontrar un techo por las v\u00edas convencionales, acaba forzando la puerta de una casa propiedad de un banco, una SOCIMI o uno fondo buitre que la ten\u00eda deshabitada desde hac\u00eda a\u00f1os a merced de la especulaci\u00f3n. No es demagogia: todos los datos de las fuentes rigurosas que tenemos al alcance reflejan que quien se encuentra en esta disyuntiva suelen ser familias vulnerabilizadas (con frecuencia monomarentales v\u00edctimas de violencia machista y estructural), que el fen\u00f3meno de la ocupaci\u00f3n afecta un porcentaje \u00ednfimo de los inmuebles que componen el parque de vivienda (por ejemplo, un 0,14% de todos los de la Comunidad de Madrid) de los cuales la gran mayor\u00eda pertenecen a entidades jur\u00eddicas y particulares grandes tenedores. Igualmente, ponemos en entredicho que ninguna persona elige libremente para s\u00ed misma y su familia exponerse a la angustia que comporta volver a ser desalojada en cualquier momento. Por eso, con el refuerzo de los servicios de mediaci\u00f3n, ONGs y asambleas vecinales, se intenta formalizar el domicilio de las personas afectadas negociando un alquiler asequible con las entidades propietarias; desgraciadamente, suelen negarse en rotundo: ni t\u00fa que habitas y cuidas la casa, ni nadie. Mantener un piso vac\u00edo y decadente tiene m\u00e1s inter\u00e9s que facilitarle a una familia cobijo.<\/p>\n
En 2019, el Censo de Personas Sin Hogar hizo un recuento de 788 personas durmiendo al raso en la ciudad de Val\u00e8ncia, en contraste con las 40.000 viviendas vac\u00edas seg\u00fan algunas estimaciones t\u00e9cnicas. Llegados a este punto retomamos la declaraci\u00f3n sobre la funci\u00f3n social de la vivienda con que comenz\u00e1bamos el texto. Una vivienda tiene que ser un hogar donde desarrollar una vida que merezca ser vivida, sin anteponer su valor mercantil ni cabe otra expectativa especulativa.
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Aun as\u00ed, es alarmista el mensaje que reproducen los medios de comunicaci\u00f3n, partidos pol\u00edticos y, incluso, nosotras mismas en las tertulias de sobremesa: \u201clos ocupas son un problema de primera magnitud\u201d. Ahora sabemos que se ha empollado una campa\u00f1a feroz que se\u00f1ala la ocupaci\u00f3n como chivo expiatorio para difundir un peligro falaz. Contrariamente, juristas como Dopico o Bosch han explicado p\u00fablicamente que las historias sobre gente a quien le han irrumpido en su residencia principal durante las vacaciones no tienen nada que ver con la ocupaci\u00f3n sino con el allanamiento de morada y que, adem\u00e1s, son casos aislados relacionados generalmente con conflictos intrafamiliares de nula relevancia a los juzgados. Tambi\u00e9n han reiterado que la legislaci\u00f3n vigente protege los propietarios de la ocupaci\u00f3n. Entonces, \u00bfpor qu\u00e9 se insiste tanto medi\u00e1ticamente?<\/p>\n
Intuimos que se est\u00e1 preparando el camino para exigir modificaciones legislativas que aceleren, todav\u00eda m\u00e1s, la ejecuci\u00f3n de los desahucios con el benepl\u00e1cito de la opini\u00f3n p\u00fablica. El pretexto es la actual burbuja del alquiler, que apunta ser m\u00e1s dura que la vivida en 2008 y que volver\u00e1 a promover que las grandes entidades propietarias de inmuebles arrebaten una cantidad ingente de viviendas. En resumidas cuentas, se pretende que los desahucios sean una herramienta r\u00e1pida a favor de los grandes tenedores insolentes y, veladamente, contra las personas hipotecadas, inquilinas y ocupantes. De nuevo las casas que habitamos participar\u00e1n de un baile de m\u00e1scaras involuntario donde cambiar\u00e1n de amo como quien intercambia cromos para agrandar su colecci\u00f3n. De nuevo las casas de alguien, de cualquiera, ser\u00e1n las casas de ellos, los hogares de nadie
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Sin embargo, tenemos motivos para animarnos. Por un lado, la desmercantilizaci\u00f3n de la vivienda se abre paso mediante experiencias comunitarias vigorosas como son las cooperativas de vivienda en cesi\u00f3n de uso. Por otro lado, cada vez m\u00e1s vecindario se organiza para parar los desahucios y acompa\u00f1ar las personas de su barrio que sufren este proceso tan ag\u00f3nico. La presi\u00f3n popular ha compelido a la adopci\u00f3n de normativas potentes como la Ley de la Funci\u00f3n Social, la ley para permitir la intervenci\u00f3n p\u00fablica en procesos obscenos de grandes ventas de vivienda (tanteo y retracto) al Pa\u00eds Valenciano, y la regulaci\u00f3n de los alquileres en Catalu\u00f1a. Tambi\u00e9n, durante el confinamiento, las redes de apoyo mutuo se multiplicaron por todo el territorio demostrando que la autogesti\u00f3n y la solidaridad nos son org\u00e1nicas y fundamentales.\nEn definitiva, cuando las personas m\u00e1s vulnerables y las que se autoperciben como clase mediana se unen y entienden que comparten intereses, pueden construir una sociedad m\u00e1s justa y apetecida para todas y todos. Entonces, la reparaci\u00f3n de la dignidad individual y colectiva ser\u00e1 inminente.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
L’article 25 de la Declaraci\u00f3 Universal dels Drets Humans reconeix el dret a l’habitatge com a part del dret a un nivell de vida adequat que assegure la salut i el benestar per a un\/a mateix\/a i la seua fam\u00edlia. Al seu torn, la Constituci\u00f3 espanyola tamb\u00e9 ho fa en l\u2019article 47 i, de fet, […]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\n